La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y alrededor de 70 organizaciones civiles pidieron a la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, no debilitar el trabajo del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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El pronunciamiento se dio luego de que se conociera que la fiscal general sancionó a dos fiscales de la Fiscalía de Asuntos Internos por desestimar denuncias contra el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
También se ha cuestionado la decisión de Porras Argueta en retirarle investigaciones a la FECI, ya que los casos principales han salido del trabajo de esa unidad.
“La fiscal general debe detener las acciones que desde una apariencia de legalidad buscan retirar apoyos a la FECI, que es la fiscalía con mayor respaldo ciudadano e internacional y sobre la que pesan decenas de denuncias maliciosas con el fin de amedrentar a sus integrantes. Esas denuncias deben cerrarse y con la mayor celeridad para que los fiscales puedan ejercer su función sin presiones”, expuso el comunicado de diversas asociaciones.
Mantener a la FECI
Mientras que el magistrado de Conciencia, Jordán Rodas, le recomendó a la jefa del ente investigador en preservar, proteger y fortalecer dicha fiscalía especial, además de velar por la institucionalidad y dirigir las investigaciones de los delitos de acción pública y cumplir con la ley.
También el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, cuestionó que una investigación sobre esa institución haya sido retirada de la FECI cuando ya tenía avanzado el caso.
La fiscal Porras Argueta ha preferido mantener el silencio para explicar las razones de los cambios sorpresivos sobre las investigaciones, como el de “La línea”.
