Baldetti está enferma, pero no quiere ir al Hospital San Juan de Dios

La exvicepresidenta teme quedarse en silla de ruedas, debido a padecimientos de salud que ha tenido últimamente.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, ordenó que la exvicepresidenta Roxana Baldetti sea trasladada al Hospital General San Juan de Dios (HGSJD).

En dicho centro asistencial tendría que recibir un tratamiento médico por los padecimientos de salud que ha manifestado últimamente. Ella teme quedarse en silla de ruedas.

Sin embargo, el traslado no se ha efectuado porque su abogado Edwin Mayen presentó un memorial en el que solicitó que sea llevada a un hospital privado.

Mayen explicó que Baldetti se opone a que sea llevada al HGSJD por la situación de Covid-19.

Baldetti, enferma

La exvicepresidenta ha manifestado sentir un intenso dolor en la columna, el cual le imposibilita mover la espalda, la cintura y las piernas.

Baldetti teme que dicha situación le ocasione efectos negativos en su motricidad y que poco a poco pierda las sensibilidad en sus extremidades inferiores.

Por esa razón, su defensa solicitó un traslado a un centro asistencial para recibir un tratamiento.

El 8 de septiembre, se informó que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) llegaron a la cárcel Santa Teresa, lugar en el que está recluida, y le hicieron una evaluación.

El diagnóstico fue trasladado al juez Gálvez, quien ordenó su traslado al Hospital San Juan de Dios.

Más sobre la exfuncionaria

  • Baldetti fue diputada al Congreso de la República por el listado nacional con el cancelado Partido Patriota (PP).
  • Fue candidata a la vicepresidencia y junto al general Otto Pérez Molina ganaron las elecciones en segunda vuelta de 2011.
  • La exfuncionaria renunció a su cargo, pues el MP y la CICIG la señalaron de ser cabecilla de una red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
  • De acuerdo con la investigación, Baldetti era conocida en la red criminal con los seudónimos: “la R”, “la 2” y “la señora”.
  • Baldetti cumple una condena de más de 15 años por el caso conocido como “lago de Amatitlán”, pero también está en prisión preventiva por otros señalamientos de corrupción.

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