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Jueces piden al Estado guatemalteco impulsar política de protección

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) solicitó que se cumpla con una sentencia que fue emitida por la Corte-IDH.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) requirió al Estado de Guatemala que se impulse una política de protección para los defensores de derechos humanos.

Así consta en un comunicado que fue emitido este viernes 28 de agosto por la referida instancia, el cual fue difundido por medio de las redes sociales.

En la nota se indica que en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió una sentencia en el caso que se conoció como “Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala”.

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Se agregó que:

“Que en el marco de nuestras competencias y procesos, los jueces y juezas nos constituimos en garantes jurisdiccionales de los derechos fundamentales de las personas”.

El comunicado enfatizó en que:

“Como bien se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que una política pública de protección de las libertades y condiciones para el ejercicio de la función judicial es importante y necesaria”.

Finalmente, la AGJI detalló que:

“Por ello, exhortamos al Estado a atender las disposiciones contenidas en esa resolución, con el fin de salvaguardar las funciones de los defensores de los derechos humanos”.

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Jueces recuerdan el caso que motivó la sentencia

El 28 de agosto de 2014, la Corte-IDH emitió la sentencia del referido caso, en el cual se conoció que:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el caso a la jurisdicción de la Corte-IDH el 17 de julio de 2012.

El caso se originó por la falta de esclarecimiento del crimen Florentín Gudiel, el 20 de diciembre de 2004.

La Corte-IDH declaró al Estado guatemalteco como responsable del asesinato en una sentencia que fue emitida en 2014.

Durante la investigación del caso, en lo interno, hubo irregularidades que impidieron dar con los responsables materiales del crimen.

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