La Vicepresidencia de la República informó este domingo que se presentó una acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la resolución que remitió al Congreso el expediente de antejuicio contra el vicemandatario Guillermo Castillo.
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Este recurso va enfocado contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitido el pasado 31 de julio, en el que nueve magistrados estuvieron de acuerdo con darle trámite a la solicitud de retiro de inmunidad contra el funcionario.
El máximo tribunal lo admitió para su trámite y fijó un plazo de 12 horas para que los organismos Judicial o Legislativo entreguen el expediente original para resolver si procede o no.
Castillo es señalado de supuestamente coordinar la contratación irregular de una persona para ocupar un cargo en la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
Sin embargo, el Gobierno aclaró en un comunicado que “lamentablemente el denunciante no advirtió que la designación de la abogada, quien llena las calidades de ley, fue para completar únicamente el período de dos meses por renuncia del anterior secretario”.
Se informó que esta y otras informaciones relacionadas con el caso fueron expuestas en un escrito que acompaña el amparo planteado en el máximo tribunal.
Entre otros argumentos de la dependencia del Ejecutivo se indica que la función de la CSJ no debe ser la de un ente de gestión que agota su intervención con una “simple remisión” de actuaciones al organismo Legislativo.
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“Más bien, ostenta por la propia potestad de administrar justicia, la facultad de calificar como un tribunal de Derecho”, se indica.
En ese sentido, la Vicepresidencia consideró que si las diligencias que contienen el antejuicio que se ha sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, podría acordarse el rechazo “liminar” de la denuncia.
Fe en la justicia
En el comunicado se resalta que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la justicia, y que sin esta no hay paz.
“Lo actuado por la CSJ no logra poner en duda la profunda fe que el Vicepresidente de la República tiene y seguirá teniendo en el sistema de justicia guatemalteco”, resalta el texto.
Finalmente, enfatiza que la justicia debe aplicarse de forma pronta, cumplida, objetiva e imparcial, dejando a un lado los intereses personales de quienes la administran.
Y apartando también los “mandatos de quienes bajo otros intereses oscuros y espurios pretenden obtener de ellos, decisiones aviesas e impunes”.
