El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reinició la entrega del Bono Familia pero diputados de la bancada UNE criticaron algunas supuestas anomalías que se han generado durante la entrega de dicho pago.
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Para continuar con este tema, en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas se conversó con el titular de dicho ministerio, Raúl Romero, quien expuso sus argumentos.
Entrevista
“¿Cuán cierto es lo que afirman los diputados de la UNE?”
Esta fue la primera pregunta que los periodistas Marielos Fuentes y Luis Felipe Valenzuela.
El ministro indicó que primero era importante plantear el contexto de donde surge este beneficio, es decir, tras la aprobación del decreto 13-2020 y en este se definen los criterios de inclusión y exclusión. En ese sentido, el primer elemento que Congreso establece es que los usuarios que registren un consumo menor a los 200 kilovatios/hora por mes, serían candidatos a dicho bono.
Pero también se establece que no podían ser candidatos los trabajadores del Estado, pensionados o jubilados, ni personas que ya tuvieran beneficio económico de otro programa social. Sin embargo, el 10 de julio se hace una modificación que sí podrán optar los pensionados y jubilados.
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Sobre la citación
Ayer tuvimos una citación por parte de la bancada UNE y hacían estos señalamientos. Hay personas que cuando Bono Familia entró en vigencia estaban desempleadas y entonces accedieron a dicho beneficio e hicieron el cobro del primero pago, pero luego de tres meses hallaron trabajo. Ellos ya no recibirán el segundo pago porque su situación cambió.
De acuerdo con lo explicado por Romero, esto último se puede comprobar mediante las nóminas que se pidieron a las instituciones del Estado autónomas y descentralizadas, las que tenían en ese momento. Con estas listas se cruza información, según indicó.
Por otra parte, aseguró que el otro método que se utiliza para verificación es el formulario que se llena al momento de aplicar como candidato al bono, ya que en este se declara bajo juramento que el usuario declara que no está contenido en los criterios de exclusión.
“Es decir, que si alguien anómalamente sabiendo en plena conciencia que está en uno de los criterios de exclusión y dice no estarlo incurrió en delito. Y esta es una responsabilidad de carácter individual”, indicó.
“Porcentaje mínimo”
“Los diputados de la UNE hablaban de 300 casos, ¿qué nos puede decir al respecto?”, fue la pregunta formulada por Fuentes Sánchez, a lo que el ministro contestó:
Solo a hoy tenemos 2 millones 653, 200 beneficiarios que ya están inscritos, de los cuales 1 millón 886, 383 han recibido ya el pago. Y 84 mil 921 fueron excluidos. Si hablamos de 2 millones 653 y hablamos de 300 casos de personas que probablemente están sujetos a la actualización de la base de trabajadores de cada una de las instituciones, realmente porcentualmente es mínimo, no es algo significativo. No es ni el 0.1 por ciento. Sin embargo, ese es el proceso de validación que permanentemente se hace.
“El porcentaje es mínimo, pero si se llegara a comprobar que estas 300 personas estaba cobrando algo que no debían cobrar, ¿qué procede?”, preguntó Valenzuela. Romero contestó:
Si una persona era trabajador del Estado en ese momento y se inscribió e hizo el cobro, incurrió en un delito de perjurio y hay persecución. Y eso hacemos permanentemente, con el cruce de información con el Renap, por ejemplo, y con otros programas sociales.
Yo creo que aquí más allá de los procedimientos legales, estamos conscientes de que todo programa social está sujeto a mejoras. Recordemos que este es un programa de muchos que han surgido en torno a un estado de Calamidad.
“¿Podría haber cobrado el bono otra persona?”
Ante este cuestionamiento, Romero explicó que la idea del bono es que la persona que se encuentre en un inmueble sea quien cobrara el mismo. El bono llega por el contador que está en la residencia, porque la idea es que probablemente hay inquilinos que no son propietarios del inmueble.
Este es un programa que por primera vez lo que busca es que no sea un funcionario de Gobierno el que decide quién puede y quien no puede acceder al programa, porque es una manera de evitar que se politice y se use clientelarmente.
