La elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) hace que diferentes sectores hagan alianzas para que sus candidatos logren ser nombrados por los diputados.
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Para la designación de esos magistrados, solo se requiere de 81 votos a favor, por lo que integrantes de organizaciones civiles y algunos legisladores resaltan que dicha elección debe basarse en la idoneidad, honorabilidad y capacidad de los candidatos.
La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, y el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Orlando Blanco coinciden en que los criterios que decidan los congresistas al momento de votar debe ser jurídico-político.
Blanco enfatizó que todos los candidatos señalados en el caso del Ministerio Público (MP) “Comisiones paralelas” y vinculados con Gustavo Alejos deben ser rechazados, ya que tienen intereses por ocupar un cargo en el OJ.
El diputado de la UNE agregó que por ética los diputados que se reunieron con Alejos, en el hospital privado, deben abstenerse de elegir, ya que cabildearon por sus candidatos.
“Cada bancada es responsable ante la población por elegir a los mejores candidatos, pero se debe tener criterios claros, con la salvedad de que algunas denuncias contra abogados es por inconformidad en un fallo”, agregó Blanco.
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Sin modificación
Mack reconoció que la elección deberá ser por bloques, como fue la votación en las comisiones de postulación, aunque hizo la observación que se debe tener cuidado, pues algunos candidatos no tienen ninguna denuncia, pero tienen vínculos con personas que enfrentan procesos penales.
Entre los candidatos que aparecen con señalamientos está el magistrado Manuel Duarte, quien tiene sentencia detenida; Lucrecia Paredes, que tiene relación con Gustavo Alejos; u Obdulio Barrientos, quien es cercano al diputado Felipe Alejos.
Queda por definir el mecanismo sin olvidar sentencia
- Armando Castillo, tercer vicepresidente del Congreso, aclaró que por estar en receso la Comisión Permanente hasta mañana buscará los consensos con las bancadas para la elección.
- El Ministerio Público logró que la Corte de Constitucionalidad detuviera la votación, ya que consideró que hubo manipulación y conflicto de interés para la designación de las nóminas.