La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no otorgó el amparo provisional a una empresa vinculada al excandidato presidencial, Manuel Baldizón, para evitar que un edificio ubicado en Quetzaltenango sea utilizado en la emergencia del Covid-19.
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La entidad Regal Group S.A. accionó contra la fiscal general, Consuelo Porras, tomando en cuenta que es el Ministerio Público el que tiene asignada esa propiedad para su utilización.
Aunque el ente investigador firmó un convenio con el Gobierno para ceder ese espacio y que pueda ser utilizado como hospital temporal para pacientes con coronavirus.
En proceso de extinción
El edificio, en donde funcionaba un hotel, está ubicado en la diagonal 5, zona 8 de ese departamento, a un costado del hospital regional de Occidente.
Es propiedad de Manuel Baldizón y está inmovilizado por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Este es parte de una investigación en la cual se busca determinar si fue adquirido con recursos de procedencia ilícita.
Y se encuentra bajo resguardo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), que lo asignó al MP.
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El ente investigador informó que servirá para reubicar a todas las fiscalías y agencias que se tienen en Quetzaltenango para evitar así el pago de arrendamiento.
Pero, el pasado 26 de mayo se indicó que por encontrarse el país en una emergencia sanitaria se daría prioridad al tema y serviría para albergar a los pacientes con Covid-19.
