El diputado Felipe Alejos presentó una denuncia penal contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. El fiscal señaló que está en derecho de hacerlo, pero recordó que es delito accionar de esa manera sin tener fundamentos.
PUBLICIDAD
En una conferencia de prensa brindada este viernes, el primer secretario de la junta directiva anunció que planteó la querella en el Ministerio Público (MP) contra Sandoval y su hermano, Ronald Sandoval.
Argumentó que los señalamientos están relacionados con su posible implicación en una estructura criminal que supuestamente opera a lo interno del ente investigador.
Recomendados:
Tragedia en la India: 14 muertos y decenas de heridos por la caída de una valla publicitaria
VIDEO. Usuarios señalan que una la canción de José José describe un abuso sexual y todos la cantan sin darse cuenta
VIDEO. Filtran supuesto video de Bad Bunny en un bar gay
Días atrás, Alejos señaló que sostuvo una reunión en un restaurante de la zona 10 con el familiar del titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y que este le solicitó dinero a cambio de información.
La semana pasada, el funcionario del MP planteó una denuncia por ese supuesto encuentro, con el objetivo de que se verifique si se pudo tratar de un chantaje o cohecho.
Fiscal se pronuncia
Al ser consultado sobre la denuncia promovida en su contra, Sandoval dijo que Alejos está en su derecho de hacerlo como cualquier persona, ello si tiene soporte, pues recordó que también comete delito quien interpone denuncias infundadas.
"(Esta situación) se da en un momento en el que el Congreso de la República tiene que tomar una decisión, inclusive se habla de una reunión que posiblemente existió, pero desconocía de la misma y el contexto en el que se dio. Además del motivo por el cual él (diputado) acudió a la reunión”, resaltó.
Caso contra Alejos
El diputado Alejos está señalado en el caso conocido como Traficante de Influencias.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo sindican de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Aparentemente el legislador operaba como enlace de una estructura criminal que cobraba comisiones ilícitas a cambio de acelerar los trámites de devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria.