El exdiputado Cristian Boussinot, señalado en un caso de plazas “fantasma” en el Congreso, hizo un requerimiento para que se modificaran las medidas sustitutivas que se le otorgaron tras haber sido ligado a proceso penal.
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El exparlamentario buscaba que se le autorizara no acudir a firmar el libro de control de cumplimiento del arresto domiciliario por temor a contagiarse de Covid-19.
Sin embargo, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, quien está a cargo del caso, rechazó la solicitud y programó una audiencia para que el señalado haga formalmente su solicitud.
Señalamientos
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer en 2017 los resultados de una investigación que evidenció acciones irregulares cometidas en el Congreso de la República.
Se estableció que diferentes diputados habrían gestionado la contratación irregular de personas, quienes cobraban salarios, pero no se presentaba a laborar.
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Boussinot se encuentra procesado por los delitos de extorsión, peculado por sustracción, abuso de autoridad y peculado por uso.
Las pesquisas revelaron que el exparlamentario logró la contratación de personal a su cargo, al cual asignó salarios con montos elevados.
Se estableció que él se quedaba con el 80 por ciento del total de lo que devengaban los trabajadores.
Además, la acusación plantea que los empleados se dedicaban a realizar labores en empresas propiedad de Boussinot o de su familia, en lugar de acudir al Legislativo para cumplir con sus funciones.
