El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recomendó al presidente de la República, Alejandro Giammattei, sancionar y publicar el decreto 15-2020, que garantizaría a la población el acceso a servicios básicos durante la emergencia del coronavirus.
PUBLICIDAD
Se trata de la “ley de medidas adicionales de protección a favor de la población por los efectos económicos provocados por la pandemia del Covid-19”, recién aprobada por el Congreso.
La normativa tiene como objetivo evitar la interrupción de servicios de agua, energía eléctrica, teléfono e internet a los ciudadanos que están en condición de vulnerabilidad.
Recomendados
Edificación del “aeropuerto” de Escuintla bajo la lupa del Micivi
Este es el mecanismo para reportar a un migrante desaparecido
VIDEO. Inspector de la PNC habría aclamado a Dios luego de “desaparecer” a un joven de San Andrés...
Asimismo, establece que los pagos correspondientes a estos meses en donde se ha manifestado la pandemia se puedan diferir sin multas ni recargos.
Por medio de un comunicado, el magistrado de conciencia señaló que esto permitiría a los usuarios liberar un mínimo de efectivo para el consumo de alimentos.
Resaltó también que contribuiría a que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan continuar operando pese a la crisis.
Rodas añadió que ante las actuales circunstancias el acceso a servicios básicos facilita el cumplimiento de las disposiciones sanitarias y el acceso a información oficial oportuna sobre la evolución de la situación, al igual que mantener la comunicación familiar y laboral.
Por lo que recomendó al Ejecutivo que sancione la ley, pues de esa manera se estaría protegiendo a la persona y a la familia, tal como lo dicta el artículo 1 de la Constitución Política de la República.
Diputados también hacen llamado
Diputados de diferentes bancadas han solicitado públicamente al presidente Alejandro Giammattei que le dé el aval al decreto 15-2020, pues han señalado que se debe beneficiar a las familias de forma inmediata.
Los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bien, Winaq y Movimiento Semilla son algunos de los que han llamado a que la ley pueda entrar en vigencia.