El diputado de la bancada Winaq Aldo Dávila y otras tres organizaciones civiles presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se garanticen los derechos de los trabajadores durante la emergencia del coronavirus.
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La decisión fue planteada un día después de que el Ministerio de Trabajo oficializó el procedimiento para suspender contratos de trabajo individual o colectivos “afectados” por la crisis económica.
“Se busca garantizar los derechos laborales y evitar los despidos masivos. La crisis no tiene ni un mes y cuesta creer que las empresas que han tenido recursos por años no tengan para soportar pagos o contratos en esta crisis que a penas está empezando”, resaltó el congresista.
Asimismo, Dávila consideró que no se puede llamar una negociación de parte del patrono y trabajador, porque hay desigualdad de condiciones, por lo que se busca blindar a los trabajadores y respaldarlos en el momento de crisis para que lleve el sustento a su hogar y pagar los servicios.
Dávila agregó que tiene conocimiento de denuncias de despidos donde no hay cobertura social ni entregar indemnizaciones.
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Acuerdan suspensión
El Ministerio de Trabajo reguló la decisión presidencial de poder suspender contratos de trabajo durante la crisis, por lo que creo el procedimiento electrónico para que las empresas puedan aplicar si pueden acceder a esa decisión.
Entre la medidas es cuando se existan circunstancias establecidas en los incisos b y d del artículo 65, a del 68, y c y e del artículo 71 del Código de Trabajo,
Entre ellos indica que se dejen de cumplir con obligaciones o por una misma causa se afecta la mayoría de las relaciones de trabajo o también por falta de materia prima para realizar trabajos, así como de causa mayor o fortuita.
Las organizaciones que respaldan la acción son el Comité Campesino del Altiplano, la organización de Abogadas Mayas y el Colectivo de Estudiantes Universitarios.
