En el Domingo de Ramos los diputados, principalmente de la alianza del oficialismo, fue aprobada la tercera ampliación al presupuesto, la cual no fue aceptada en diferentes sectores, ya que ya se había cumplido con los fondos para la crisis por el coronavirus.
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Uno de los sectores que se sumó al rechazo, es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), ya que algunos rubros en la ampliación por Q5 mil 138 millones no responden a la emergencia que se vive en el mundo.
“Muchas decisiones del Congreso dejan serias dudas sobre su proceder y motivaciones. Este es le caso de los rubros aprobados para cubrir pactos colectivos y gastos de operación”, expresó el sector empresarial en un comunicado.
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Por lo que hace un llamado a los actores del país a sumarse a la fiscalización y auditoría de los recursos, por lo que esperan que de cada acción debe prevalecer la responsabilidad y transparencia desde el Congreso.
Es imperativo que detrás de cada acción prevalezca un sentido de responsabilidad y transparencia a todo nivel #EnEstoEstamosTodos pic.twitter.com/L2e5KTC8vV
— CACIF (@CACIFGuatemala) April 6, 2020
Diputados en desacuerdo
Los legisladores de las bancadas Semilla, URNG, Winaq y algunos de la UNE y Creo no apoyaron la ampliación presupuestaria, ya que indicaron que no era prioridad ante la crisis, por lo que recomendaron una readecuación por fondos que no se utilizarán este año, como los de las elecciones generales ni del censo poblacional.
La UNE denunció que en el rubro de los Q724 millones varias asignaciones irían a parar a “negocios de diputados del oficialismo”. Los diputados que aprobaron la ampliación decidieron no impulsar una moción para colocar candados a dicha ampliación, por lo que los recursos pueden ser utilizados en otros rubros.
La ampliación servirá para que la exdiputada Alejandra Carrillo pueda operar en el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima con Q40 millones, se crea un rubro de Q200 millones para incentivos forestales y a los Consejos Departamentales de Desarrollo se les repartirán Q600 millones para pagar deuda de arrastre, pero sin conocer si se realizaron las obras o conocer la calidad de las mismas.