Unen esfuerzos contra el acaparamiento y otras acciones contra el consumidor

Se habilitará un portal web para que la ciudadanía pueda presentar las denuncias de manera más ágil.

Por Ivonne Gordillo

Acciones como el acaparamiento, la especulación, el contrabando o la defraudación aduanera serán verificados en conjunto por el Ministerio Público (MP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

El conocimiento de las denuncias por los referidos hechos se agilizará por medio del uso de un portal web al que las tres entidades tendrán acceso.

La ciudadanía podrá indicar los lugares, productos y precios que considere irregulares, igual que la Diaco, con la intención de que el MP inicie las diligencias correspondientes

Por medio de un comunicado difundido por las tres instituciones, cada una de estas actuará de acuerdo con su competencia.

La SAT, por medio de la Intendencia de Verificación, apoyará con operativos, para determinar el cumplimiento de las leyes tributarias.

“La SAT verificará que los proveedores estén inscritos y cumplan con la facturación”, se señaló.

Las multas que imponga el ente recaudador estarán comprendidas entre los Q5 mil y los Q10 mil, además se podrán clausurar los negocios que incumplan con las obligaciones tributarias.

Multas por acaparamiento

En tanto, la Diaco impondrá sanciones que pueden llegar hasta los Q235 mil, además de presentar denuncias penales en contra de los acaparadores y especuladores.

De acuerdo con la coordinación internacional, al órgano encargado de la persecución penal le corresponderá, por medio de sus diferentes unidades de investigación, agilizar las pesquisas en contra de los sospechosos de las referidas acciones ilícitas.

Las fiscalías que tendrán especial participación de las investigaciones son las de:

  • Delitos Económicos.
  • Defraudación Aduanera.

El trabajo que les corresponderá se fundamentará en perseguir y acusar penalmente a quienes infrinjan las distintas leyes o promuevan el alza de precios, encarecimiento o que vulneren los derechos de los consumidores.

Una de las órdenes del gobierno central durante el Estado de calamidad pública es evitar el acaparamiento de productos

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