Varias organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Social y Popular (ASP) reprocharon las medidas de seguridad que el gobierno de Alejandro Giammattei impuso en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez.
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El pronunciamiento indica que con dichas acciones la actual administración gubernamental mantiene la actitud de varias gestiones pasadas, las cuales recurrieron a la militarización de diversos sectores del territorio nacional con fines distintos a los cuales fueron utilizados como justificación.
Según Esperanza Tubac, durante los gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales se impusieron estados de Sitio que, según sus respectivos acuerdos, buscaban combatir a grupos del narcotráfico y del crimen organizado.
Estados de excepción por gobierno:
- Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): 9.
- Partido Patriota (PP) -extinto-: 6.
- Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación): Dos meses en Izabal y varios municipios del nororiente.
“En Guatemala se vive un ambiente desfavorable para las personas que definen los derechos humanos y los derechos de la tierra. Desde el año 2008, los gobiernos han concentrado sus esfuerzos en la generación de políticas encaminadas al desalojo y represión que favorecen la inversión de empresas extractivas de minería, agronegocios e hidroeléctricas”, afirmó Tubac.
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La activista destacó que el estado de Prevención que decretó Giammattei se justificó como una medida para combatir a las pandillas y grupos de la delincuencia común, pero que su fin sería para desmotivar la lucha social.
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unión Campesina (CUC), explicó que parte de las acciones que incluyeron el uso de la fuerza militar ocasionaron violaciones a los derechos humanos y otras agresiones como:
- Amenazas.
- Intimidación.
- Acoso.
Además, afirmó que las autoridades deben fortalecer otras acciones como el desarrollo de inteligencia civil para contar con información útil para combatir a la criminalidad.
