El exviceministro Jorge Rodolfo Ortiz se convirtió en el primer procesado por casos de corrupción que solicitó los beneficios de la Ley de Aceptación de Cargos.
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De esa cuenta, el exfuncionario pidió al Juzgado de Mayor Riesgo D que se le sometiera a un procedimiento enmarcado en dicha normativa.
Su objetivo sería confesar sus acciones delictivas con la posibilidad de que se finalizara de manera más ágil el trámite judicial en su contra, así como la imposición de una pena mínima.
Esos son algunos de los argumentos que constan en el memorial que la defensa de Ortiz presentó al referido despacho judicial. Ortiz es procesado en el caso "Construcción y corrupción".
Sin embargo, la jueza Erika Aifán no podrá conocer la petición del exfuncionario, pues el instrumento legal solo estuvo vigente por unas horas.
La normativa fue publicada por el Diario de Centro América el pasado jueves 16 de enero. Con dicho evento comenzaron a surtir efectos los preceptos que contenía.
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Pero en horas de la noche la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió suspender la ley, con lo cual todo su contenido no tiene ningún efecto en la vida jurídica del país.
El Ministerio Público (MP) indicó que la solicitud de Ortiz no podrá ser resuelta porque con la suspensión de la ley ya no tiene sustento.
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Ley procesal
Con la Ley de Aceptación de Cargos el Congreso modificó el Código Procesal Penal y dio a los jueces una herramienta con la cual se agilizarían los procesos penales en contra de personas sospechosas de diversos delitos, entre los cuales figuraban los de corrupción y de crimen organizado.
Por tratarse de una ley procesal, su aplicación debería ser inmediata a su entrada en vigencia, afirmó el MP.
Organizaciones sociales accionaron en contra de la vida de la normativa y la CC les dio la razón.
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