La Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió un comunicado por medio del cual resaltó que los ciudadanos guatemaltecos están sujetos a la ley y “ninguno es superior a ella”. Asimismo, expuso las razones por las cuales no podrían tomar posesión los nuevos funcionarios dependiendo de su situación.
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“Aquel ciudadano que tenga impedimento legal derivado de cargos públicos desempeñados con anterioridad o situaciones pendientes de resolver ante las instancias de control, NO puede asumir un cargo público, sin antes haber solventado su situación legal”, detalla el documento.
En este se indica que tal tema se verifica aplicando los acuerdos internos A-106-2019 y A-107-2019, disposiciones que son de observancia general y cumplimiento obligatorio para todas las entidades y demás personas que hayan manejado fondos públicos.
“Previo a asumir un cargo, se deben cumplir con todos los requisitos de ley; entre ellas las disposiciones emanadas por la Contraloría”, menciona.
Y recuerda que las máximas autoridades de las instituciones del Estado están obligadas a verificar la probidad de sus empleados, funcionarios o dignatarios.
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Vigencia del finiquito
Entre los requisitos a los que se refiere la Contraloría para quienes asumirán cargos públicos está contar con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como “finiquito”.
La institución mencionó que este documento no tiene una temporalidad de vigencia de seis meses como “erróneamente se ha venido mencionando”.
Sino que estará vigente en tanto que a la persona que le fue otorgada no le surjan nuevos hallazgos, sanciones o responsabilidades civiles o penales.
También recuerda que la responsabilidad administrativa de las personas que ejercen o han ejercido función pública es de 20 años y es por ello el carácter transitorio de la constancia.
Transparencia y ética
En el comunicado se indica que la Contraloría trabaja en observancia de las normativas relacionadas con velar por la transparencia, probidad e integridad de la gestión pública y que exista una administración pública libre de corrupción.
Al igual que se enfoca en fortalecer la promoción de la ética en la función pública y en asumir retos que se traduzcan en disposiciones, políticas y procedimientos apegados a derecho.
El objetivo, refiere, es “garantizar a la sociedad que cada funcionario o servidor público actúe de manera transparente”.
Diputados electos son amparados
El pronunciamiento de la Contraloría General de Cuentas se da días después de que tres diputados electos para la novena legislatura accionaran ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por existir la posibilidad de que no les permitirán asumir sus cargos.
En las acciones que promovieron en la CC de forma individual, pidieron que el no poseer el finiquito 2020 no fuera obstáculo para ello y que se les validara únicamente la credencial otorgada por el Tribunal Supremo Electoral.
El pasado viernes se conoció que el máximo tribunal amparó provisionalmente a Lucrecia Hernández, Carlos Mencos y Diego González para que puedan ocupar sus curules desde este 14 de enero.
