Después de los cambios que intentaron hacer los diputados en septiembre de 2017 al Código Procesal Penal, pero tuvieron que retractarse, en noviembre pasado lograron reformar dicha normativa con la denominada Ley de Aceptación de Cargos.
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La Ley de Aceptación de Cargos que fue impulsada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero modificada por legisladores, busca beneficiar a personas procesadas por corrupción.
Con dicha normativa se pretende reducir las penas hasta 50 por ciento a las personas que acepten su culpabilidad en diferentes partes del proceso judicial.
Por lo que será la Corte de Constitucionalidad (CC) la que decida si esa reforma cobra vigencia, aunque se habían presentado tres amparos para evitar el avance de
la ley, que el presidente, Jimmy Morales, sancionó y publicó.
La fiscal general, María Consuelo Porras, tendrá en sus responsabilidades decidir si acciona contra dicha ley, luego de que el titular de la Fiscalía Especial contra la
Impunidad (FECI) solicitara autorización para presentar alguna acción legal.
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Señalan retroceso con ley
Abogados, organizaciones civiles y diputados que no apoyaron la normativa señalaron que esa nueva reforma significa un retroceso en el sistema judicial, por lo que esperan una salida favorable por el máximo tribunal.
Sin embargo, expertos constitucionalistas indicaron que los magistrados son cautelosos para resolver sobre esos temas debido a la vulnerabilidad que
representa discutir esos temas.
También el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, señaló que esa ley es “una bofetada” a la justicia.
La ley cobrará vigencia en enero de 2020. Los diputados se han resistido a promover reformas para fortalecer el sistema de justicia desde la Constitución, como se intentó aprobar en 2016 y así lograr mayor independencia judicial.
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