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MP ratifica antejuicios contra diputados señalados en caso Asalto al Ministerio de Salud

Según las investigaciones, los parlamentarios Boris España y Ronald Arango podrían haber cometido el delito de tráfico de influencias.

El Ministerio Público (MP) ratificó este viernes las solicitudes de antejuicio planteadas contra los diputados Boris España y Ronald Arango, señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

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Personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga el referido caso, se presentó a la Torre de Tribunales para exponer los indicios ante los jueces pesquisidores asignados a cada uno de los expedientes.

Tras la ratificación, los diputados deben ser citados por los togados para entregar sus pruebas de descargo.

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España y Arango estarían vinculados con una estructura criminal que habría saqueado fondos públicos destinados a la atención de la red hospitalaria.

Aparentemente tuvieron reuniones con el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, buscando que personas allegadas a ellos fueran contratadas en esa cartera de forma irregular.

De acuerdo con las pesquisas, podrían haber cometido el delito de tráfico de influencias, por ello la FECI accionó legalmente con el objetivo de que se les retire la inmunidad y puedan ser investigados.

En noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió darles trámite a los antejuicios contra España y Arango.

El caso

Según las investigaciones de la Fiscalía, por medio de acciones ilícitas ocurridas entre los años 2012 y 2014 fueron sustraídos Q50 millones del presupuesto del Ministerio de Salud.

Estos hechos se habrían iniciado luego de que Villavicencio asumiera como titular de esa cartera. Actualmente el exfuncionario se encuentra en prisión provisional por su presunta implicación en este caso.

La estructura criminal con la que se relaciona al exministro y a los parlamentarios habría sustraído fondos utilizando tres modalidades distintas:

  1. Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
  2. Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
  3. Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas “fantasma”.

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