La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) solicitó informes para conocer si existen delitos en la reactivación de la compra de los aviones Pampa III.
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De esa cuenta, se requirió al diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso de la República, y a la Secretaría General de la Presidencia que se remitan los informes circunstanciados referentes al tema.
En los referidos informes debe constar lo relacionado al expediente administrativo de la planificación de dicha adquisición.
Además, el órgano encargado de la persecución penal requirió información a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) sobre una posible denuncia de Argentina en contra de Guatemala, la cual habría derivado de la cancelación del primer proceso de compra que se desarrolló.
Tanto la PGN como la Cancillería le respondieron a la Fiscalía contra la Corrupción que no han recibido ninguna notificación sobre acciones legales emprendidas por el referido tema.
Se agregó que en los próximos días se solicitará información al gobierno de Argentina, por la vía diplomática, para establecer si fueron entabladas algunas acciones legales
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Compra infructuosa
El presidente Jimmy Morales y varios funcionarios de gobierno viajaron a Argentina a inicios de julio último con la intención de conocer el funcionamiento de los aviones Pampa III.
Las negociaciones para la compra del referido equipo militar se mantuvieron en secreto por varios días y no fue sino hasta el referido viaje cuando se informó acerca de la posible adquisición.
Sin embargo, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) frenó el proceso de compra.
La organización Acción Ciudadana planteó un amparo el cual le fue otorgado por el tribunal constitucional
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