CSJ revoca arresto domiciliario a exdiputados implicados en plazas “fantasma”

Se trata de cinco exlegisladores que actualmente se encuentran ligados a proceso penal.

Por Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó el arresto domiciliario concedido a cinco exdiputados señalados en un caso de supuestas plazas “fantasma” en el Congreso.

La resolución del pleno de magistrados se dio a conocer este miércoles 4 de diciembre. Los sindicados que deberán volver a prisión son:

  • César Fajardo.
  • Aleksander Castillo.
  • Manuel García Chutá.
  • Juan Alcázar.
  • Carlos Herrera.

Los exparlamentarios se encuentran actualmente ligados a proceso penal por presuntamente estar vinculados en irregularidades en cuanto a contrataciones en el Congreso, registradas en el periodo en el que Arístides Crespo presidió ese organismo.

Jueza vincula a 2 diputados y 3 exdiputados al caso Plazas fantasma

El primero en ser vinculado fue el exlegislador Amílcar Aleksander Castillo Roca. La jueza resaltó que su resolución no se basó en la presentación de la CICIG.

Asumiría curul

El pasado 27 de noviembre renunció a su cargo la diputada Alejandra Carrillo, argumentando asuntos personales.

Con 87 votos a favor fue aceptada su dimisión y se declaró la curul vacante. Asimismo, el Congreso llamó a Aleksander Castillo a tomar posesión a partir del 3 de diciembre.

Castillo sería parlamentario durante un mes y medio, pues el período de la actual legislatura finaliza el 14 de enero de 2020.

Sin embargo, una fuente del Congreso indicó que el exparlamentario y José Fernández Chenal, quienes seguían en la lista después de Carrillo, estarían enviando una carta para desistir de asumir como diputados.

Alejandra Carrillo presenta renuncia como diputada al Congreso

En su lugar asumirá el exparlamentario Aleksander Castillo, quien está procesado por un caso de supuestas plazas "fantasma" registradas durante el período en el que Arístides Crespo presidió el Legislativo.

El caso

Según investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la junta directiva del Congreso durante el período 2014-2015 habría realizado contrataciones de forma irregular.

Serían al menos 87 personas a las que por medio de contratos bajo el renglón 022 se les pagó salarios de entre Q10 mil y Q15 mil mensuales, pero en realidad no se presentaban a trabajar.

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