Avanza en el Congreso la iniciativa de ley de Tarjetas de Crédito

La propuesta recibió dictamen favorable por parte de dos comisiones legislativas.

Por Francisco Pérez, Emisoras Unidas 89.7

Las comisiones legislativas de Economía y de Defensa del Consumidor y el Usuario dieron dictamen favorable de manera conjunta a la iniciativa de ley de Tarjetas de Crédito.

Los legisladores hicieron pública la información este lunes y señalaron que la propuesta busca establecer parámetros que permitan regular el manejo de esta forma de pago.

Entre los aspectos incluidos está la posibilidad de que se otorguen convenios de pago a los tarjetahabientes cuando se queden sin trabajo.

De igual forma, en la iniciativa 5544, a la que se le dio el aval, se contempla que la tasa de interés sea libre en ciertos casos.

“Entre los principales objetivos de la iniciativa se puede mencionar la creación de una Unidad Especializada para la Protección de Servicios Financieros en la Dirección de Atención y Asistencia al Usuario (Diaco)”, destacó un integrante de las comisiones.

De igual forma, detalló que por medio de esta normativa se prohibiría a los bancos tomar fondos de cuentas monetarias o de ahorro de los usuarios para compensar deudas generadas por las tarjetas de crédito.

Cobros en tarjetas de crédito vuelve a reunir a diputados y a la SIB

El año pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la ley de tarjetas de crédito que fue aprobada en 2016 debido a varios amparos por grupos de empresarios.

Nuevos delitos

Los legisladores explicaron que también está establecida la creación de nuevos delitos como la clonación de tarjetas de crédito y debito y el robo de datos.

Asimismo, los de falsificación de documentos de tarjetas de crédito y débito, uso de tarjeta de débito y crédito ilegal.

Las penas que se contemplan para quienes sean encontrados culpables de cometer este tipo de irregularidades van entre los seis y diez años de prisión y multas de Q150 mil a Q500 mil.

Declaran inconstitucional la ley de Tarjetas de Crédito

La normativa quedó fuera del ordenamiento jurídico guatemalteco.

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