El plazo para la aprobación del presupuesto cada vez llega al límite, lo que al parecer es una táctica de algunos congresistas para negociar el apoyo.
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El artículo 171 constitucional establece que los diputados deben aprobar o modificar el presupuesto general a más tardar 30 días de que entre en vigencia el nuevo periodo fiscal.
Sin embargo, los integrantes de la directiva del Legislativo decidieron no incluir el tema para su discusión, aduciendo que no había el consenso para conocer el tema.
La semana pasada algunos diputados intentaron aprobar el plan de gastos, pero hubo negativa de compartir las enmiendas acordadas por diputados que no pertenecen a la comisión de Finanzas.
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Negocian apoyo
Parte del equipo del presidente electo, Alejandro Giammattie, se reunió anoche con jefes de bloque para lograr consensos y poder aprobar el presupuesto con algunos cambios que puedan trabajar acorde a sus promesas de campaña.
La discusión del presupuesto solo podrá conocerse por una moción privilegiada.
Entre las propuestas que se discutieron con los diputados de otras bancadas es la readecuación presupuestaria para salud, educación y seguridad, y eliminar organizaciones no gubernamentales.
“Debe ser presupuesto con base en resultados”, Jorge Lavarreda
Si no se revisa la meta de recaudación fiscal, no es técnica, ya que ese rubro es insuficiente para el financiamiento del presupuesto. No importa si en las últimas sesiones los diputados conocen readecuaciones presupuestarias, ni basándose sobre la ejecución anual, sino con base en resultados de acuerdo con los objetivos planteados.
Primero la eficiencia y eficacia debe ser prioridad en el gasto, ya sea utilizando la menor cantidad de recursos para alcanzar los resultados fijados, y eso se hace no solo viendo los techos presupuestarios sino el revisar partida por partida y que se haga una depuración de gastos a conciencia. No aprobar un presupuesto siempre genera complicaciones porque se tienen que hacer readecuaciones legales acordes con las negociaciones políticas, pero en caso de aprobarse algo deficiente se tendrán que hacer los ajustes necesarios, lo cual lleva tiempo, pero en caso de no aprobarse un nuevo presupuesto la situación es complicada.
“Hay que mantener la cifra del proyecto enviado por Finanzas”, Edgar Balsells
Concuerdo con las declaraciones del ministro designado de Finanzas en regresar el monto del presupuesto que fue presentado en el anteproyecto que fue discutido. No hay un desfinanciamiento, como lo han hecho ver algunas personas, que considero que es un berrinche. Se ha ido cerrando la brecha fiscal, y no sé cuál es el terror de algunos de emitir más deuda, pues se deben buscar nuevas herramientas para subsanar la calidad del gasto y mejorar la inversión pública, pero no se mira a la Contraloría General de Cuentas haciendo su trabajo en la supervisión de la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales “vacías”. No aprobar un presupuesto puede ser terrible, ya que habría un agujero de casi Q4 mil millones y hará que se hagan las transferencias y crear otros programas, lo cual demostraría un ambiente de desorden. El ministro designado puede concretar algún proyecto más racional vinculado al que deben discutir los diputados de la nueva legislatura.
“Todavía puede reducirse el presupuesto”, Carla Caballeros
Recomendamos que el presupuesto debe contar con una meta de recaudación fiscal real y tener reglas de transparencia, consideramos que la proyección de ingresos tributarios está sobreestimadas, como también el déficit fiscal debe ser menor de 2%, así como también debe haber disciplina fiscal, tema que no se observó en el dictamen del proyecto de presupuesto.
Tampoco debe incrementarse más la deuda pública porque son impuestos que pagarán las generaciones para pagar más deuda y no por inversión.
Además, se estima que el techo presupuestario aún puede reducirse en Q2 mil millones. Por último, exhortamos a que los diputados cumplan con el literal b del artículo 171 de la Constitución que es aprobar el detalle del presupuesto y ser responsables de la ejecución, es decir revisar cómo utiliza el Ejecutivo los fondos públicos, tema que desde hace años no lo han cumplido.
