Analistas: "diputados sirven a intereses de mafiosos con la ley de aceptación de cargos"

Aunque coinciden en que es necesaria para aliviar la mora judicial, algunos aspectos de la ley de aceptación de cargos favorecen a "mafiosos".

Por Publinews

El constituyente Aquiles Faillace señaló a los diputados que buscan aprobar la ley de aceptación de cargos de atender los intereses de mafiosos.

Aunque consideró que la ley es necesaria para desentrampar el sistema judicial. "Tenemos que sopesar la necesidad social que permite liberar el hacinamiento de las cárceles y la ineficiencia de los tribunales, contra un arma política que quiere beneficiar a 500 personas. Ahí entramos en la disyuntiva", dijo Faillace.

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La comisión instó al Congreso a adoptar las propuestas presentadas por las instituciones del sistema de justicia y la sociedad civil y evitar la aprobación de un mecanismo de impunidad.

"En Guatemala tenemos más de 25 mil presos y la mitad están preventivamente. También hay una gran cantidad en la figura ilegal de prisión provisional que ni siquiera existe", concluyó el constituyente.

Congreso no idóneo

El investigador del Centro de Estudios de Guatemala Oswaldo Samayoa descalificó las calidades de la actual legislatura para discutir este propuesta.

"Estamos frente a un Congreso… que hemos visto que sus prácticas tienden a favorecer impunidad", dijo el abogado.

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Mientras algunos aplaudían por la labor de la comisión, otros la abucheaban y portaban carteles de rechazo.

Faillace apoyó la afirmación de Samayoa al considerar que "los diputados vieron la oportunidad para reformarla y modificarla a su sabor y antojo y la han convertido en un arma política a su conveniencia y a conveniencia de sus patrocinadores".

La propuesta

Esta iniciativa, que contempla reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos, fue presentada en julio de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de establecer una forma de agilizar la resolución de procesos penales.

La propuesta está enfocada en que las personas que tengan voluntad de aceptar total o parcialmente los cargos que se les imputan reciban beneficios, pero bajo ciertas garantías y con respeto a los derechos humanos de los procesados y las víctimas.

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La sobrepoblación y el descontrol en las cárceles en los últimos 10 años ha mostrado la lucha de poderes y el desinterés de los funcionarios y diputados para trabajar en una política de reinserción desde los centros de detención.

El abogado Oswaldo Samayoa señala algunos defectos de la propuesta que se está discutiendo en el Congreso:

Mientras que actualmente el procedimiento abreviado que aplica el MP se utiliza en delitos cuya pena no excede los 5 años la propuesta que está a punto de aprobarse no importa cuánto dura la pena sino que el acusado acepte la imputación de la fiscalía.

Los diputados pretendían que la negociación para la aceptación de cargos se hiciera sin la presencia de un juez pero las objeciones de diversos sectores restituyeron este aspecto.

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