El constituyente Aquiles Faillace señaló a los diputados que buscan aprobar la ley de aceptación de cargos de atender los intereses de mafiosos.
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Aunque consideró que la ley es necesaria para desentrampar el sistema judicial. "Tenemos que sopesar la necesidad social que permite liberar el hacinamiento de las cárceles y la ineficiencia de los tribunales, contra un arma política que quiere beneficiar a 500 personas. Ahí entramos en la disyuntiva", dijo Faillace.
"En Guatemala tenemos más de 25 mil presos y la mitad están preventivamente. También hay una gran cantidad en la figura ilegal de prisión provisional que ni siquiera existe", concluyó el constituyente.
Congreso no idóneo
El investigador del Centro de Estudios de Guatemala Oswaldo Samayoa descalificó las calidades de la actual legislatura para discutir este propuesta.
"Estamos frente a un Congreso… que hemos visto que sus prácticas tienden a favorecer impunidad", dijo el abogado.
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Faillace apoyó la afirmación de Samayoa al considerar que "los diputados vieron la oportunidad para reformarla y modificarla a su sabor y antojo y la han convertido en un arma política a su conveniencia y a conveniencia de sus patrocinadores".
La propuesta
Esta iniciativa, que contempla reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos, fue presentada en julio de 2017 por la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de establecer una forma de agilizar la resolución de procesos penales.
La propuesta está enfocada en que las personas que tengan voluntad de aceptar total o parcialmente los cargos que se les imputan reciban beneficios, pero bajo ciertas garantías y con respeto a los derechos humanos de los procesados y las víctimas.
El abogado Oswaldo Samayoa señala algunos defectos de la propuesta que se está discutiendo en el Congreso:
Mientras que actualmente el procedimiento abreviado que aplica el MP se utiliza en delitos cuya pena no excede los 5 años la propuesta que está a punto de aprobarse no importa cuánto dura la pena sino que el acusado acepte la imputación de la fiscalía.
Los diputados pretendían que la negociación para la aceptación de cargos se hiciera sin la presencia de un juez pero las objeciones de diversos sectores restituyeron este aspecto.
