La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los jueces pesquisidores que conocerán las solicitudes de antejuicio promovidas contra ocho diputados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
El pasado martes, el pleno de magistrados les dio trámite a las peticiones planteadas por el Ministerio Público (MP) para que los legisladores pierdan la inmunidad y puedan ser investigados.
Ahora procedió a asignar a los jueces que se encargarán de conocer los expedientes y rendir el informe en el que se recomendará si es o no prudente retirarles esa prerrogativa.
Pesquisidores
Los legisladores señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los togados que les darán seguimiento a las acciones en su contra son:
- Carlos Santiago Nájera Sagastume – juez pesquisidor: presidente de la Sala Tercera, Jaime González
- Humberto Leonel Sosa Mendoza – pesquisidor: vocal Primera de la Sala Tercera, Beyla Estrada de Brito.
- Estuardo Galdámez – pesquisidor: vocal Segundo de la Sala Primera, Carlos Rodríguez
- Aracely Chavarría Cabrera de Recinos – pesquisidor: vocal Primero de la Sala Primera, Aura Mancilla.
- Marco Antonio Lemus Salguero – pesquisidor: presidente de la Sala Cuarta, Néctor de León.
- Rodolfo Moisés Castañón Fuentes – pesquisidor: presidente de la Sala Primera, Fredin Fernández.
- José Inés Castillo – pesquisidor: presidente de la Sala Segunda, Gustavo Dubón.
- Luis Alberto Contreras Colindres – pesquisidor: vocal Segundo de la Sala Segunda, Eduardo Galván Casasola.
El caso
El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en julio de 2019.
Según las pesquisas, parlamentarios, un alcalde, exfuncionarios y particulares habrían conformado una estructura que supuestamente saqueó fondos públicos destinados a hospitales nacionales.
Los hechos ilícitos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2014 y consistían en tres modalidades primordiales para la sustracción de recursos:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas “fantasma”.