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Comisión que intenta investigar a la CICIG cita al procurador de Derechos Humanos

Los diputados que se opusieron a la CICIG continúan audiencias a pesar un amparo que detuvo la comisión específica creada por la directiva del Congreso.

La comisión específica de que dirige el diputado Juan Ramón Lau y que ha escuchado algunos familiares e implicados en casos de corrupción y de impunidad citó para el próximo lunes al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

De acuerdo con una publicación del Congreso, la citación se debe a que el magistrado de Conciencia ha sido mencionado por “testigos” que han acudido a esa mesa de trabajo.

Sin embargo, hace semanas atrás el mismo Congreso mal informó sobre un caso donde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no participó, ya que en las investigaciones de violaciones de derechos humanos se acordó que no participarían.

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Dicha información fue aclarada por el Ministerio Público.

Entre las personas que se han presentado a la comisión que impulsaron diputados de Todos, Unionista, Frente de Convergencia Nacional-Nación, Movimiento Reformador, Partido de Avanzada Nacional y Visión con Valores son familiares de prófugos o de narcotraficantes y acusados en procesos legales.

 

Envían citación

Lau comentó que la citación ya fue remitida al procurador Rodas para que informe sobre las denuncias que han presentado algunos guatemaltecos contra investigadores de la CICIG.

“Desde hace años se han presentado denuncias y nunca tuvieron respuesta, queremos saber qué ha hecho el procurador con esas denuncias”, agregó Lau, quien no descarta que haya otras citaciones al procurador.

En dicha comisión también participa el diputado Manuel Conde y Luis Hernández Azmitia.

Según la Constitución, las atribuciones del procurador son promover el buen funcionamiento y la agilización administrativa gubernamental, en materia de derechos humanos.

Denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de los ciudadanos y emitir censura pública por actos de comportamiento en contra de los derechos constitucionales. Además, de promover acciones judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente.

 

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