El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirmó que los fondos que figuraban en la ley de Presupuesto para el 2008 como asignados a la CICIG no ingresaron a los recursos para la gestión de la comisión.
PUBLICIDAD
Esta transferencia de fondos públicos para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por Q30 millones, fue una de las razones por las cuales el Congreso decidió establecer una sala específica para fiscalizar a la entidad.
En un comunicado emitido el pasado 2 de octubre, el Legislativo detalló que “es de conocimiento público” que en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2008, decreto 70-2007, figuraba tal asignación.
El documento refiere que en los fondos que correspondían al Ministerio de Gobernación se destinaba ese monto “del dinero de los impuestos de los guatemaltecos” para la CICIG, por lo que debería fiscalizarse.
Sin embargo, el PNUD constató que en el marco del fondo fiduciario establecido en apoyo a la comisión internacional para recibir todas las contribuciones de donantes que aportaron a la gestión de CICIG, nunca fueron recibidos recursos provenientes del presupuesto anual del Estado de Guatemala.
PUBLICIDAD
“En ese sentido, confirmamos que no se recibió depósito de 30 millones de quetzales”, expresó la entidad.
El referido fondo fiduciario, administrado por el PNUD, se estableció en octubre de 2007 como resultado de la firma de una carta de entendimiento entre ese programa y la CICIG.
El fin de crearlo fue viabilizar y canalizar las contribuciones de donantes para financiar a la entonces recién creada comisión.
12 años de labores
La CICIG desarrolló labores en Guatemala durante 12 años y finalizó su mandato el pasado 3 de septiembre, luego de que el Gobierno no solicitara a Naciones Unidas su prórroga por supuestas irregularidades cometidas por el personal de la comisión.
En conjunto con el Ministerio Público, la comisión llevó a cabo investigaciones que resultaron en más de 400 condenas a integrantes de organizaciones criminales.
