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Comisión que investigará a la CICIG define cronograma de trabajo

La mesa técnica esta conformada por diputados que son allegados al presidente, Jimmy Morales.

Desde este lunes hasta enero, la comisión específica que analizara lo actuado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) empezó a trabajar.

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Las primeras acciones del equipo que ha mostrado su oposición a la CICIG será el definir el cronograma de trabajo y así entregar un informe el 10 de enero del próximo año. Cuatro días antes de que finalice la actual legislatura.

La presión de algunos congresistas se debe a que no lograron su reelección y buscan pagar favores a personas señaladas de corrupción e impunidad por la CICIG y el Ministerio Público.

 

La comisión específica será presidida por Juan Ramón Lau, quien fue secretario del Sindicato del Organismo Judicial y varios de sus colegas lo señalan de ser el operador de Felipe Alejos.

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Asimismo, los diputados designaron a Aníbal Rojas, actual quinto secretario de la directiva, como vocero de la comisión. Rojas es también el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso, desde donde se buscan motivos para remover al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

 

Equipo recargado

Los otros integrantes de la comisión son Luis Pedro Álvarez, quien llegó al Congreso por el partido Encuentro por Guatemala, pero había empezado con el Movimiento Cívico Nacional, de Rodrigo Arenas, acusado de financiamiento electoral ilícito al partido oficial.

También está Luis Hernández Azmitia, quien era uno de los allegados del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, pero no logró volver a repetir con el partido Podemos.

Azmitia era opositor de los dos primeros ministros de Salud del actual gobierno, pero luego de que Carlos Soto llegó cesó las citaciones.

 

Por último, está Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, y cercano al mandatario Morales como a grupos que han rechazado el trabajo de la CICIG.

Varios diputados señalan que con dicha comisión se busca que se presenten denuncias contra fiscales, jueces y magistrados por supuestamente utilizar testigos falsos o haber cometido comisión de delito para que el Ministerio Público investigue y solicite las órdenes de captura.

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