La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que en los próximos días analizará el segundo proyecto del reglamento de la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), presentado el pasado jueves 19 de septiembre por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).
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Dicha propuesta contiene el método de evaluación del desempeño laboral de jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ), según lo requirió la Corte de Constitucionalidad (CC) al suspender el trabajo de las comisiones de postulación para CSJ y Salas de Apelaciones.
El vocero del OJ, Mario Siekavizza, leyó un comunicado de prensa por medio de la cuenta oficial de Twitter del OJ, en el cual se destacó que ya se había presentado un proyecto, pero que fue improbado por considerar que tenía errores y se oponía a otras normativas.
Según el comunicado:
- El 21 de enero de 2019 se presentó la primera propuesta.
- Fue evaluado por dependencias internas del OJ y se determinó que contenía "falencias e ilegalidades".
- Que el cuerpo normativo contravenía disposiciones legales ya existentes.
- Interfería con la competencia administrativa de la CSJ y la presidencia del OJ.
- Concedía viáticos a los consejeros suplentes cuando fueran llamados en sustitución de los titulares, les equiparaba el salario con el de los integrantes permanentes, o sea el que ostentan los magistrados de la CSJ.
- Proponían la creación de una secretaría ejecutiva.
Con relación al salario de los consejeros suplentes Siekavizza afirmó que dicho mecanismo podía resultar en hallazgos sancionables por los entes fiscalizadores y que resultarían en responsabilidades legales.
Referente a la secretaría ejecutiva, manifestó que estaría integrada por:
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"plazas como subsecretario ejecutivo, coordinación de agenda, unidad de elaboración de agenda, unidad de seguimiento y ejecución de resoluciones, sin contar con el impacto financiero y los estudios técnicos debidamente avalados por la Presidencia del OJ".
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CC exige reglamento
El trabajo de las comisiones de postulación fue suspendido por un amparo provisional que la CC otorgó a la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y al magistrado de apelaciones Noé Ventura Loyo.
Uno de los argumentos fue que el CCJ no había realizado la evaluación de desempeño de los integrantes de la carrera judicial que buscan ocupar plazas de magistrados para el período 2019-2024.
En el fallo se requirió al CCJ impulsar el reglamento correspondiente, con el fin de contar con los mecanismos para evaluar la labor de los jueces y magistrados.
Además, la protección constitucional también se otorgó porque se consideró que el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) no había cumplido con una convocatoria para la elección de representantes ante la comisión de CSJ.
De esa cuenta, tampoco se desarrolló un proceso de selección basado en el principio de representación por minorías.
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