UNE señala acciones “cobardes” contra Sandra Torres y pide trato digno

Además, el comité ejecutivo nacional y la bancada de esa agrupación política responsabilizó de lo que ocurra con la expresidenciable a las autoridades, incluido el presidente de la república y la fiscal general del MP.

Por Nancy Alvarez

El comité ejecutivo nacional del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), secretarios departamentales y la bancada de esta organización emitieron un comunicado en el cual exigieron justicia y no venganza en el caso contra Sandra Torres.

La expresidenciable fue capturada el pasado 2 de septiembre por su presunta implicación en un caso de posible financiamiento electoral ilícito de esa agrupación política. Está señalada de dos delitos.

Para este jueves está programada la continuación de la audiencia de primera declaración, en donde se definirá por parte del Juzgado de Mayor Riesgo A si Torres será procesada y si continuará en prisión.

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En este marco, la UNE emitió el comunicado en el que aseguró que existió una serie de irregularidades en la detención de Torres, principalmente tomando en cuenta que, según se indica, ella “siempre dio suficientes muestras de confianza en la fiscalía” para enfrentar mediante citación los señalamientos.

A criterio del partido se ignoraron los “gestos de buena fe” y se montó un “aparatoso y mediático” operativo para detenerla.

De igual forma, se menciona en el documento que cuando se le trasladó a Tribunales fue “obligada” a descender de la patrulla 200 metros antes de arribar al lugar, poniendo en riesgo su integridad.

“A todas luces, detrás del pretexto de la persecución penal hubo una serie de actos que evidencian la intención (de) ensañarse y de pretender humillarla”, manifiesta la UNE.

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Responsabiliza a autoridades

La UNE exigió a las autoridades judiciales que exista un “juicio justo” para Torres y un debido proceso, así como un trato digno.

Asimismo, responsabilizó por la integridad física y psicológica de la excandidata a las actuales autoridades, incluido el presidente, el ministro de Gobernación, el director del Sistema Penitenciario, la fiscal general y jefa del Ministerio Público y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

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