Más acusaciones contra Valladares Urruela por supuestas escuchas ilegales

Diputados citan al funcionario luego de conocer la denuncia que hizo la CICIG sobre el seguimiento a políticos y empresarios.

Por Joel Maldonado

Los congresistas Mauro Guzmán y Luis Hernández Azmitia responsabilizaron al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, de cualquier acto de violencia que les suceda, debido a la denuncia por supuestas escuchas telefónicas ilegales.

El pasado lunes 2 de septiembre, la excandidata a diputada Karina Flores también solicitó medidas de seguridad y responsabilizó al funcionario del gobierno de Jimmy Morales por cualquier acto de agresión en su contra.

Guzmán relató que conoció por lo menos de seis seguimientos de sospechosos en contra de él y su familia.

Describió que un carro de color verde habría sido utilizado para dichas acciones, según una de las explicaciones que mencionó en la citación.

De igual manera el diputado Hernández señaló que ha sido perseguido y aseguró que su teléfono está intervenido.

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MP deberá continuar investigación

Antes de retirarse del país, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dejó 11 denuncias a manos del Ministerio Público (MP), entre ellas la de supuestas escuchas telefónicas ilegales realizadas cuando Valladares Urruela trabajaba en la empresa de telefonía.

Los indicios para realizar los señalamientos fueron encontrados durante un allanamiento en un apartamento del titular de la cartera de Economía, el cual fue desarrollado antes de que fuera nombrado en el cargo de gobierno.

Según la denuncia, Valladares habría escuchado a integrantes del partido político Movimiento Semilla y a empresarios.

Valladares Urruela rechaza los señalamientos

El ministro de Economía rechazó haber realizado alguna escucha telefónica y se solidarizó con las familias de las personas que aparecen en esa información.

Pero atacó el allanamiento que hicieron el MP y la CICIG calificándolo de “ilegal”, pues pudieron haber implantado documentos y pruebas.

Afirmó que los informes fueron publicados de manera reciente y que el allanamiento se hizo en noviembre de 2017.

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