La identificación y persecución de redes criminales que operan desde entidades públicas con el apoyo de funcionarios y empresarios aumentó la vulnerabilidad de los exinvestigadores nacionales que laboraron en la CICIG.
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Por ello, 12 congresistas de Estados Unidos solicitaron al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que brinde medidas para garantizar la seguridad a los fiscales, jueces y defensores de la sociedad civil que han colaborado con la Comisión.
La delegación estadounidense visitó el país hace dos semanas para reunirse con diferentes personalidades.
La carta enviada por los congresistas menciona que son 93 guatemaltecos que laboraron en la CICIG a los que se les debe garantizar la seguridad, así como a los que laboran en la Procuraduría General de la Nación y en particular a los de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
“Es fundamental que la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de esas personas valientes que han depositado su confianza en la ONU para llevar a cabo una importante labor con gran riesgo personal”, resalta la misiva de los funcionarios estadounidenses.
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Seguirán pronunciándose
Aunque los firmantes de la carta reconocen que la ONU no tendrá las mismas capacidades para dar seguridad, la instan para que utilice las opciones disponibles, como son las agencias de Naciones Unidas que tienen presencia en el país.
Asimismo, informaron que seguirán abogando por el Estado de derecho y la protección de las personas que lo defienden.
La CICIG comenzó a funcionar en el país en 2007, donde desarticuló más de 70 estructuras criminales, las cuales operaban desde las entidades gubernamentales con el apoyo de los funcionarios de turno y empresarios.
Entre las bandas reveladas está “La Línea”, que se presume que era manejada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti en la SAT.
También se llevó a tribunales a los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, acusados de haber recibidos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Otro de los casos presentados ante jueces fue el de “Comisiones paralelas”, en el que se acusa de la negociación que hicieron abogados para la elección de los actuales magistrados del Organismo Judicial.
“Quiero expresar mi profundo y caluroso agradecimiento a las autoridades del Estado que sí se comprometieron en la lucha contra la corrupción y la impunidad del poder”, Iván Velásquez, comisionado de la CICIG
