El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) accionó de manera legal en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.
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La referida agrupación gremial manifestó su descontento por las acciones de registro de personas que realizan los agentes de seguridad del órgano encargado de la persecución penal.
Por medio de la cuenta oficial de Twitter del CANG se informó:
"Amparo promovido por Junta Directiva del CANG contra la señora fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, por la negativa a acceder a la solicitud que le fuera formulada por el Colegio".
Es decir que la referida acción legal surgió después de que el CANG pidiera a la jefa del MP que se depusieran los registros en contra de los profesionales del derecho que acuden a las instalaciones de dicha entidad, específicamente a la sede central ubicada en el barrio Gerona, en la zona 1 de la capital.
Según el memorial del Colegio:
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"El artículo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el registro de personas solo puede ser efectuado por elementos de las fuerzas de seguridad, comprendidas únicamente en esta denominación los servidores públicos que cumplen funciones de seguridad pública y ciudadana. Ello, al tenor de las sentencias de fecha 31 de julio de 2007 y 12 de agosto de 1992".
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Abogados señalan violación de derechos
En el mismo precepto constitucional se establece que el registro corporal es una acción exclusiva para los agentes de las fuerzas de seguridad ciudadana.
De esa cuenta, que se considera como una violación de los derechos de los abogados el que los elementos de seguridad del MP verifiquen si llevan objetos ilícitos al ingresar a las instalaciones, o no.
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