Representantes de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad y el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, participaron en el foro “Experiencia desde los operadores de justicia”, que organizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en la presentación de su informe de cierre, en el cual resaltaron la necesidad de mejorar la seguridad para los jueces.
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La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, fue quien destacó que no hay una prioridad en la agenda de la Corte Suprema para revisar la seguridad de los jueces, ya que solo hay un agente de seguridad en cada piso, pero en algunos casos los tribunales realizan audiencias con más de 20 procesados.
La profesional del derecho uso como ejemplo las denuncias en su contra que ha presentado un abogado en diferentes instancias a pesar de que no lleva juicios con ella, lo cual evidencia que son trabajadores de grupos que buscan continuar en la impunidad, causándoles desgaste personal.
Asimismo, coincidió con Sandoval en que faltó voluntad institucional y tiempo para que los tribunales tuvieran las capacidades para atender los casos que iban presentado el Ministerio Público y la CICIG.
“Es un deber del Estado brindar un sistema de justica, por lo que se debe exigir justicia todos los días”, resaltó Aifán.
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Muestra preocupación
También llama la atención que la fiscal general, María Consuelo Porras, ha evitado pronunciarse sobre las denuncias contra los integrantes de la FECI.
Sandoval indicó que es preocupante tanto la seguridad de ellos como la de sus familias, y que hay personas que se dedican a buscar cualquier error y los vigilan para amenazarlos. Por lo que mencionó que las campañas en contra seguirán y no descarta que de nuevo salga una campaña poniendo en duda sus capacidades.
“La implementación de los querellantes adhesivos ha sido una fortaleza en los procesos, debe haber mucha vigilancia ciudadana”, Patricia Gámez, jueza
