Carlos Amador, coordinador del Programa de Observación Electoral (PROE) dijo que, luego de terminadas las elecciones, se debe empezar a discutir una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que solventen los problemas registrados en proceso recién culminado.
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"En este proceso vimos que el diseño tuvo muchas deficiencias porque el resultado fue lo opuesto de lo que se quería", dijo Amador, entrevistado durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Gustavo Berganza, de Mirador Electoral considera que las reformas que se aplicaron en esta elección tuvieron un recibimiento hostil de parte de muchos sectores.
“La Cicig había firmado un convenio para reforzar la unidad de fiscalización de partidos políticos y hubo oposición de los medios a la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral“, dijo Berganza.
Eduardo Núñez, director del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica, cree que el alcance de los controles establecidos en la Ley Electoral fue limitado.
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"Como toda reforma electoral su aplicación es progresiva uno esperaría que los niveles de control llegaran a todos los rincones del país", dijo Núñez.
La judicialización de la elección
Uno de los factores que más afectó el proceso fue que el debate político quedó en segundo plano por la judicialización de la política.
Pero para Núñez, ese no es un problema de la ley sino que es estructural. "El diseño constitucional lo permite. La práctica va en aumento el de objetar los resultados electorales", dijo Núñez.
"Eso desencanta mucho a la ciudadanía, porque al final la discusión se resume e qué candidato va y cuál no va", dijo Amador.
"Una de las condiciones que se deben tener en cuenta para una reforma, es hacer un diseño en que las decisiones del TSE solo se puedan cuestionar en la Corte de Constitucionalidad", apuntó el comunicador Gustavo Berganza.
