La inminente instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) sumió esta semana al país centroamericano en un debate sobre la pertinencia de un órgano internacional diseñado para combatir la corrupción.
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El gobierno del presiente Nayib Bukele, por medio del vicepresidente Félix Ulloa confirmó el domingo la instalación de la comisión, aunque sin mencionar fecha.
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La CICIES es un modelo similar a la CICIG, comisión que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaló en Guatemala para investigar actos de corrupción.
Ulloa aseguró que el gobierno, que asumió el 1 de junio, ha trabajado por el "modelo ideal para atacar frontalmente la corrupción".
Resistencias
Sin embargo, el lunes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) abogó por la creación de una comisión local que pueda contar con apoyo externo, en lugar de un ente internacional.
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La gremial empresarial sugirió tomar en consideración las experiencias de países como Guatemala y Honduras, sobre la "eficiencia, costo social, político y democrático" de ceder a una institución internacional las labores y acciones que corresponden a la Contraloría y la Fiscalía y a un Poder judicial "fortalecido" para perseguir la corrupción.
Recordó, asimismo, que en 2012 propuso fortalecer el funcionamiento e "independencia" de la Corte de Cuentas (Contraloría) y la Fiscalía, para mejorar la "transparencia" del manejo de la hacienda pública y la persecución del delito.
En los últimos años, la Fiscalía de El Salvador procesó al extinto expresidente Francisco Flores (1999-2004) por el desvió de 10 millones de dólares donados por Taiwán.
En septiembre del año pasado, logró la condena del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) a 10 años de prisión, por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos.
Saca cumple su condena en el centro penal La Esperanza, en la periferia norte de San Salvador.
También el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), acusado de varios delitos de corrupción, huyó a Nicaragua en 2016 y recientemente obtuvo la nacionalidad nicaragüense, lo que impide su extradición a El Salvador.
*Con información de AFP