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Diputado Juan José Porras presenta pruebas de descargo

El legislador es señalado en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

El diputado Juan José Porras se presentó este jueves ante el juez pesquisidor, Noé de León, de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, para presentar sus pruebas de descargo.

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El legislador es señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Según las investigaciones, podría haber cometido los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos.

Porras explicó tras salir de la audiencia con el togado que se presentó a Tribunales para entregar las pruebas que desvanezcan los señalamientos en su contra y ratificar su inocencia.

El diputado evitó dar detalles de la documentación entregada a De León, y respondió así a los comunicadores que lo cuestionaron sobre la diligencia:

“No soy partícipe de litigar estas situaciones en los medios. Reconozco su labor periodística, pero preferiría que el juez las analice y esperar su resolución, creo que es lo pertinente”.

Porras resaltó que desde un principio se apersonó al proceso, pues es como se debe afrontar una situación como la que está pasando.

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Añadió que espera que el antejuicio en su contra se resuelva conforme a derecho.

Comisiones a cambio de apoyo

El MP y la CICIG presentaron el pasado 6 de mayo el caso “Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado”.

En este se encuentran vinculados siete diputados y el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.

Según las investigaciones, se estableció que durante los años 2012 al 2015 se dio la posible compra de votos en el Congreso de la República para la aprobación de ciertas leyes.

“La promesa de dádiva correspondía a pagos bimensuales de Q50 mil por diputado”, cita el informe de la CICIG acerca de las pesquisas.

Detalla que el dinero era entregado en efectivo y en maletas a personal de confianza de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que a su vez lo remitía a ciertos diputados que se encargaban de repartirlo en el Legislativo.

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