MP ratificará antejuicio contra diputado Juan José Porras

El legislador es señalado en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

Por Alexander Valdéz, Emisoras Unidas 89.7

El Ministerio Público (MP) ratificará la solicitud de antejuicio contra el diputado Juan José Porras, señalado en el caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.

El fiscal Luis Mejía se presentó ante el juez Segundo Penal, a cargo de Héctor de León, para exponer los argumentos que se tienen para requerir el retiro de la inmunidad del legislador.

Sin embargo, el togado reprogramó para el próximo lunes la audiencia de ratificación.

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Ayer se realizó la petición para que se les retire la inmunidad a siete diputados y el ministro de Economía, vinculados al caso "Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo".

El fiscal señaló que se cuenta con medios probatorios para considerar la posible participación de Porras.

“(El antejuicio se planteó) derivado de hechos que el MP consideró que son constitutivos de un hecho delictivo y que fueron cometidos por Porras en el ejercicio de su cargo como diputado al Congreso, supeditando sus funciones del Organismo Legislativo hacia otro Organismo del Estado”, dijo.

A Porras se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, violación de la Constitución y cohecho pasivo.

Compra de votos

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron este caso el pasado 6 de mayo.

Las entidades presentaron solicitudes de antejuicio contra el ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados al Congreso.

De acuerdo con las pesquisas, estarían implicados en la la posible comisión de hechos ilícitos ocurridos entre los años 2012 y 2015.

Las acciones irregulares incluyen la posible compra de votos de los legisladores para la aprobación de determinadas leyes.

“Dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas a directivas del poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”, resaltó la CICIG en un comunicado.

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