La organización Impunity Watch se pronunció por la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC), con la cual se suspendió la discusión de las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (LRN).
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Por medio de su cuenta de Twitter, la referida entidad difundió un mensaje en el cual se señala que la decisión de la corte garantiza los derechos de las víctimas del conflicto armado.
En el mensaje se lee:
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"Saludamos la resolución de la CC de Guatemala de suspender las reformas a la LRN y garantizar el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a la justicia".
Además, se identificó al pronunciamiento con la etiqueta #NoALaAmnistía.
Saludamos la resolución de la @CC_Guatemala de suspender las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional y garantizar el derecho de las víctimas de graves violaciones a los #DDHH a la justicia #NoALaAmnistia pic.twitter.com/jkslqSuvrs
— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) July 20, 2019
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Reformas dejarían en libertad a sospechosos
La Asociación de Abogados Mayas también manifestó su opinión con relación al fallo del tribunal constitucional.
Dicha entidad afirmó que los cambios a la referida normativa conllevarían la libertad a los sospechosos y condenados en casos de delitos de lesa humanidad.
En su cuenta de Twitter se escribió:
"CC deja en suspenso iniciativa de Ley 5377, que pretende modificar la LRN, dejando en libertad a militares sentenciados y sindicados por graves violaciones a derechos humanos. Actualmente está en su segunda lectura en el Congreso".
👏👏👏@CC_Guatemala deja en suspenso iniciativa de Ley 5377, que pretende modificar la Ley de Reconcialición Nacional, dejando en libertad a militares sentenciados y sindicados por graves violaciones a derechos humanos. Actualmente esta en su segunda lectura en el Congreso. pic.twitter.com/BSJ4Y0i021
— Asociación de Abogados Mayas - Nim Ajpu (@nimajpu) July 19, 2019
La LRN surgió a causa de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Guatemala y la guerrilla, en diciembre de 1996.
Dicha normativa contempla el perdón judicial para los responsables de delitos políticos y conexos con los políticos, cometidos durante los 36 años que duró la guerra interna.
El otorgamiento del beneficio se deriva de una solicitud y de su consideración en una sala de Apelaciones del Ramo Penal.
La LRN sustituyó al decreto 8-86, emitido a finales del gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores, que también dio amnistía para quienes hubieran participado en acciones que se consideraban delictivas desde el año 1983 hacia atrás.
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