El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas y representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participaron este lunes en una vista pública.
Las partes expusieron sus argumentos con relación al amparo promovido por Rodas en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la decisión del presidente Jimmy Morales de dar por concluido el mandato de la comisión.
Fue el 7 de enero de este año cuando el mandatario oficializó su decisión de finalizar el acuerdo con la CICIG; sin embargo, tras otorgarse el amparo provisional requerido esa instrucción quedó suspendida.
El procurador Rodas pidió al pleno de magistrados que otorgue en definitiva el amparo y se deje sin efecto lo que calificó como una “aberración legal” hecha por Morales.
“A todas luces fue un acto arbitrario e ilegal del señor presidente anunciar la terminación inmediata del convenio que dio vida a la CICIG, y la canciller también hizo lo propio en Nueva York, cuando el acuerdo fue publicado el día siguiente (8 de enero) y ese mismo día cobró vigencia”, dijo el magistrado de conciencia.
Además, aseguró que se viola lo establecido en los artículos 149 y 151 de la Constitución Política, relacionados a cómo deben ser las relaciones exteriores, pues se trata de un gobierno democrático y con separación de poderes.
En tanto, el abogado Roberto Solórzano, en representación del titular de la PDH, aseguró que las actuaciones de Morales en el ejercicio de sus funciones no deben ser totalitarias, sino que deben estar sujetas al control constitucional de la CC y estar enfocadas en el bien común.
En la vista pública también estuvieron presentes los excancilleres Alfonso Cabrera, Gabriel Orellana y Edgar Gutiérrez.
Rodas agradeció su asistencia, pues aseguró que son quienes conocen cómo deberían ser las relaciones internacionales.
Mientras tanto, Orellana resaltó que en diferentes ocasiones el Gobierno ha alegado que no acata órdenes ilegales, pero parece ser que tampoco acata lo indicado por la Constitución o cualquier otra ley o convenio suscrito por Guatemala.
Argumentos de CICIG
Como tercera interesada en el proceso también se pronunció la CICIG. Fue representada por su mandataria Jennifer Bravo.
La abogada señaló que para la comisión esta vista pública fue una oportunidad que se les dio para poder manifestarse según el amparo presentado por el PDH.
“La decisión adoptada por Morales al momento de decretar el fin del convenio tiene como fundamento el ejercicio de sus funciones, establecidos en el artículo 183 de la Constitución, así como en los artículos 60 y 70 de la Convención de Viena sobre los derechos de los Tratados”, dijo.
Sin embargo, resaltó que en este caso debería aplicarse el procedimiento específico para dirimir los conflictos que está establecido en el propio acuerdo de creación de la CICIG.