Quizá usted en diferentes ocasiones ha recibido llamadas en las cuales le ofrecen productos de distinto tipo, préstamos o la adquisición de tarjetas de crédito, pero esto sin haberlas solicitado y a pesar de rechazar las ofertas le continúan llamando continuamente. El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) promueve una iniciativa que busca evitar dichas situaciones.
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Esta situación podría cambiar si en el Congreso de la República se da la aprobación de la iniciativa de ley de buró de crédito, con la cual se busca la prohibición del uso indebido de la información privada como la venta de los datos a través de diferentes empresas.
Asimismo, tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito y también permitiría una consulta rápida del historial crediticio, y garantizar el buen uso de la información entre las instituciones involucradas.
Esta iniciativa de ley posee 49 artículos, con 7 capítulos y hasta la fecha se está a la espera que sea adoptada por el Ministerio de Economía o algún diputado para su promoción.
El comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión, Victor Asturias, dijo que sumado a ello también se tiene en puerta el proyecto de ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos, cuyo objetivo es la promoción de la eficiencia y productividad.
Además, contempla la mejora del clima de negocios, el fortalecimiento de la certeza jurídica para favorecer la percepción que se tiene de Guatemala e instituciones internas en los indicadores internacionales.
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Pronacom ve posibles herramientas
El funcionario mencionó que dichas herramientas permitirían mejorar la eficiencia y productividad de las empresas, usuarios finales y de la administración pública.
Además promovería un clima de negocios más atractivo, debido a que se contaría con reglas claras en cuanto a requisitos, tiempos y costos de los trámites, provocando la mejora en los indicadores a nivel internacional.
Asturias aseguró que con la aprobación de esta iniciativa se prevé un impacto significativo en la economía del país, ya que todas esas propuestas y sistemas permitirían reducir el tiempo necesario para hacer los trámites en más del 80% sin necesidad de que el usuario salga de su casa u oficina, lo cual repercute en ahorros administrativos para las instituciones públicas.
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