Otto Pérez asegura que se arrepiente de haber elegido a Thelma Aldana como fiscal general

Además, criticó a Iván Velásquez, ya que asegura que es corrupción que esté cobrando un salario por hacer atribuciones que no son inherentes a su cargo como comisionado.

Por Jerson Ramos

El expresidente Otto Pérez acudió este jueves a una audiencia para solicitar al Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas Jeannethe Valdés, Ana Guzmán y Elia Raquel Perdomo, que se le dicte arresto domiciliario por motivos de salud.

El mandatario aseguró a periodistas que se arrepiente de haber nombrado a Thelma Aldana como fiscal general y jefa del Ministerio Público.

De acuerdo con el exmandatario, al principio consideró que estaba bien lo que “se estaba haciendo”, pero luego habían cosas que las “estaban retorciendo” en conjunto con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Expresidente Otto Pérez busca que se le otorgue arresto domiciliario

El exfuncionario solicitará ante un Tribunal que le permitan salir de prisión por tener complicaciones de salud.

El exfuncionario, que enfrenta proceso penal por presuntamente liderar una estructura de defraudación aduanera, indicó que “otra gran vergüenza” es que Velásquez siga siendo el comisionado en Guatemala y ni siquiera está en el país.

“Eso sí es corrupción porque no está cumpliendo con su puesto”, señaló.

Critica a Aldana

El exmandatario criticó que Aldana haya salido del país un día antes de que se girara una orden de captura en su contra. Aseguró que alguien le habría filtrado esa información.

"Después de tanta bulla, de tanto circo y show", añadió Pérez.

Pérez señaló a Aldana por no enfrentar a la justicia de Guatemala, como lo hizo él.

Dos procesos

Pérez Molina reconoció que aunque el Tribunal decidiera otorgarle una medida sustitutiva a la de prisión preventiva que ha guardado, no regresaría de inmediato a su casa con su familia.

Afirmó que también se le ordenó permanecer en la cárcel por el caso “TCQ”, en el cual se detallan las gestiones ilegales que habrían sido cometidas para otorgar en usufructo un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal.

En el inmueble se instaló la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la entidad que fue beneficiada habría entregado un soborno de US$30 millones a funcionarios guatemaltecos.

El 50 por ciento del dinero, según las investigaciones del Ministerio Público, fue a dar con los entonces gobernantes.

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