Índice de impunidad tuvo un retroceso en 2018

Con la colaboración alemana se presentó el informe “Una mirada a la justicia y el Estado de Guatemala”.

Por Joel Maldonado

Durante varios diálogos donde participaron académicos, estudiantes y organizaciones civiles se identificaron obstáculos que han impedido el acceso a la justicia en el país y donde se observó un retroceso en la lucha contra la impunidad en 2018.

El documento “Una mirada a la justicia y el Estado de Guatemala”, que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), muestra que la impunidad promedio en el país es de 94.3%; sin embargo, el año pasado fue de 97.6%, reflejando un retroceso de lo estimado en 2015 que fue de 92.4%.

En 2017, el índice de la impunidad se posicionó en 93.9% y un año anterior fue de 92.8%.

Mayor impunidad

Los departamentos con mayor índice de impunidad son Alta Verapaz con 97%; Escuintla, Retalhuleu, Guatemala y Huehuetenango con 95%; Chimaltenango y Jalapa con 94.2%; El Progreso y Petén con 93.4%.

Mientras que los delitos con mayor impunidad son corrupción, robos, contra la vida y celulares.

Los cuellos de botella que menciona el informe son la debilidad en las instituciones del sistema de justicia, lo cual vulnera la independencia, el crecimiento desigual e incoherente de las entidades y la falta de presupuesto y una gestión eficiente del gasto para que haya un acceso a la justicia.

Combatir la impunidad

Luis Pineda, oficial de la CICIG, explicó que los estándares internacionales para combatir la impunidad es de tener entre 10 a 17 jueces por cada 100 mil habitantes, pero en el país hay en promedio seis togados.

Por lo que el modelo que se impulsa debido a los diálogos realizados en diferentes departamentos es que sean seis investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), nueve investigadores de la Policía Nacional Civil, un juez de paz para delitos no sea mayor de cinco años y un defensor público.

A la vez, Pineda resaltó la necesidad de tener una política de justicia integrada para que haya congruencia con otras acciones para que se sobrepase los intereses de gobierno a los del Estado.

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