El abuso que han denunciado vecinos de varios departamentos por el cobro del alumbrado público a pesar de no contar con ese suministro ocasionó que la bancada Encuentro por Guatemala presentara una denuncia.
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Los parlamentarios señalan la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de empresas y personas relacionadas con el cobro del alumbrado público que hacen 327 comunas.
El servicio eléctrico en 19 departamentos lo brindan las distribuidoras por Deorsa y Deocsa, empresas de Energuate, por lo que en la denuncia se pide que deje de seguir cobrando esa tasa.
Nineth Montenegro, jefa de esa bancada, comentó que desde 2004 la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, pareciera que fue tomada por las empresas que prestan ese servicio.
La legisladora expuso que esas compañías no ha presentado ninguna denuncia por el abuso del cobro del alumbrado público ni han velado por los derechos de los usuarios en la definición de las tasas que cobran las municipalidades.
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¿Un arbitrio ilegal?
La congresista también logró un amparo por la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se revisara ese proceso del cobro por el suministro eléctrico, ya que se considera un arbitrio ilegal disfrazado de una tasa.
“La Ley General de Electrificación establece que se debe proteger los derechos de los usuarios e iniciar los procedimientos administrativos y penales a efecto de impedir que los distribuidores incluyan tasas ilegales en las facturas que irrespetan la capacidad de pago”, expresó Montenegro.
Por dicho caso también la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría de los Derechos Humanos buscan adherirse al proceso por el cobro de la tasa del alumbrado público.
