La Sala Primera de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio confirmó la sentencia de extinción de dominio sobre dos bienes inmuebles registrados a nombre de María Isabel Sales López de Villatoro, esposa de Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano.
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Según informó el Ministerio Público, estas las propiedades que pasan a favor del Estado son la Laguna Los Tarayes, y el “Amor Prohibido” ubicados en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
Investigaciones preliminares indican que el autohotel tendría un valor aproximado de Q3 millones 479 mil, y se encuentra en un terreno de mil 965.45 metros cuadrados, mientras que cuenta con una construcción de mil 48.8 metros cuadrados.
Asimismo la residencia Laguna Los Tarayes, alcanzaría un precio de Q2 millones 795 mil y está construida un área de una manzana cuadrada.
Eduardo Villatoro Cano, alias “Guayo Cano” fue sentenciado a una condena de 372 años de privación de libertad por el asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil y otros civiles, hecho ocurrido en el año 2013 en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango.
Sin perfil económico
En diciembre del año pasado, la fiscal Ana Carmelita Hernández, de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, indicó que la vivienda se localiza en el kilómetro 322.9, a inmediaciones del cantón La Candelaria, en la aldea Camojayita.
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Hernández afirmó a la jueza Rosa María López Yumán que María Isabel Sales López de Villatoro, esposa de Eduardo Francisco Villatoro Cano no tiene el perfil económico necesario para adquirir y poseer bienes de una cuantía sumamente elevada, pues su actividad comercial se desarrolla en la venta de productos por catálogo, entre otras.
De acuerdo con la pesquisa, los dos bienes habrían sido obtenidos por alias "Guayo " Cano por la comisión de delitos como comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita, lo cual posibilita someterlos a un proceso de extinción de dominio, dijo la fiscal.
En su momento, la esposa de Villatoro Cano indicó, por medio de su abogada defensora, que los bienes no fueron adquiridos con posterioridad a 2013, cuando ocurrió la matanza de policías en Salcajá, Quetzaltenango, hecho que puso a su esposo ante la vista pública, sino que se trata de bienes con más de 25 años de existencia.
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