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Juzgado prohíbe que fiscales de la FECI “perturben o intimiden” a Sandra Torres

Un Juzgado de Femicidio otorgó medidas de seguridad a la candidata presidencial de la UNE y designó a la PNC para darles cumplimiento en todo el país.

Un Juzgado de Femicidio le notificó por medio de un oficio al director general de la Policía Nacional Civil (PNC) acerca del otorgamiento de medidas de seguridad a la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres.

El documento, fechado el 4 de abril, circula en redes sociales. En este se señala que la exprimera dama de la nación gozará de tales medidas durante tres meses, período que puede ser prorrogado.

Además, se indica que los “presuntos agresores” son Juan Francisco Sandoval Alfaro y Andrei Vladimir González Arteaga, ambos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.

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Se otorgaron las medidas a favor de Torres por lo cual “debe ser auxiliada por la Policía cuando ella lo requiera, en cualquier momento y lugar de la República de Guatemala”, cita el oficio.

La autorización fue girada por Susan Salazar, titular del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer, que se ubica en el Barrio Gerona, zona 1.

Por el momento no se conocen detalles del caso ni las sindicaciones específicas realizadas por la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) contra los fiscales.

Medidas otorgadas

Las medidas decretadas a favor de Torres son:

  1. Se prohíbe a los presuntos agresores, Sandoval y González, que “perturben o intimiden” a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social.
  2. Se prohíbe el acceso de los presuntos agresores al domicilio permanente o temporal de la persona agraviada y a su lugar de trabajo y estudio.

Sanciones por incumplimiento

Según la notificación del juzgado, se debe notificar a los fiscales sobre este otorgamiento y también hacerles saber que:

  1. La “víctima” se encuentra protegida por los operadores de justicia.
  2. El incumplimiento de las medidas de seguridad constituye los delitos de violencia contra la mujer, sancionados con prisión de hasta por 12 años, y desobediencia, sancionado con una multa de hasta Q50 mil.

A partir del momento en el que Sandoval y González sean notificados tendrán tres días para presentar oposición al juzgado que conoce el caso.

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