El constructor Gabriel Guerra, vinculado al caso "Cooptación del Estado", solicitó este viernes 5 de abril el cambio de la medida de coerción que mantiene.
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Durante una audiencia ante el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, el sospechoso, por medio de sus abogados defensores, pidió que se le permita recuperar su libertad.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada, por lo cual no se permitió que los periodistas que cubren la jornada judicial documentaran lo que allí ocurría.
Guerra permanece en prisión preventiva desde octubre de 2016, cuando acudió de manera voluntaria ante el despacho de Gálvez para solventar su situación legal.
Junto con él también se presentaron Eduardo Cristian Kestler Morán, Diego Castillo Góngora y Vivian Urízar.
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Guerra, sospechoso de dar sobornos
El sospechoso es propietario de la Constructora Atlántico, la cual figura como contratista del Estado.
Por la elaboración de obra gris entre 2004 y 2015 la entidad obtuvo Q310.8 millones, según el portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.
Varios integrantes de la familia Guerra tienen empresas constructoras, las cuales han prestado servicios al Estado desde el gobierno de Álvaro Colom Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre 2008 y 2012.
Sin embargo, durante la campaña electoral que se realizó en 2011 los Guerra hicieron aportes financieros a la candidatura de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes resultaron ganadores del evento y gobernaron entre 2012 y 2015.
Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti y colaborador eficaz del Ministerio Público, declaró que el sospechoso daba comisiones ilegales a varios funcionarios por el otorgamiento de contratos para desarrollar obra pública.
Según la Fiscalía, el señalado habría incurrido en varias acciones ilegales, entre las cuales destaca el cohecho activo o dar soborno.
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