Afectados por construcción de hidroeléctrica piden cumplir plan de reparación

Pobladores de 33 comunidades de Alta Verapaz llevan a cabo una manifestación este martes en la zona 1, frente a Casa Presidencial.

Son al menos 500 personas las que participan en el plantón, en la 6ª avenida, entre 4ª y 5ª calles.

Se trata de integrantes de la Coordinadora de comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy (Cocahich), quienes aseguraron que permanecerán en el lugar hasta que sean escuchados por autoridades de Gobierno.

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Peticiones

Carlos Chen, representante de las comunidades, detalló que están exigiendo al presidente Jimmy Morales que gire instrucciones a las instituciones que correspondan para que se le dé cumplimiento al Plan de Reparación.

Detalló que desde hace meses han solicitado a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) que atienda este tema, pero no han obtenido respuesta.

Señaló que buscan poner en marcha los diferentes planes para beneficiar a la población, pues hasta ahora no han podido avanzar porque los terrenos no han sido entregados por parte de las autoridades.

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Emisoras Unidas

Política de reparación

Según datos de Copredeh, la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, entre los años 1975 y 1983, generó impacto a nivel humano, social, económico, cultural y ecológico.

Se dio una inundación de 3 mil 865 manzanas de tierras agrícolas, que alcanzó una profundidad de 50 metros.

Ello provocó la desaparición de 23 aldeas, 471 viviendas, 10 edificios públicos, 45 sitios arqueológicos y recursos naturales, añade la comisión.

Ante los daños surgidos por la inundación se creó la política de reparación a las comunidades, por medio del acuerdo gubernativo número 378-2014.

La misma establece su aplicación para pobladores de diferentes municipios de los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Y hace referencia a que se hagan las operaciones presupuestarias necesarias para asignar los fondos anuales que deben distribuirse a las instituciones responsables de ejecutar la política, el proyecto de vida y la distribución directa de resarcimientos individuales.