Según las leyes estadounidenses, si el secretario de Estado tiene información fiable que indica que funcionarios de gobiernos extranjeros se han visto implicados en casos de corrupción importantes o en graves violaciones de derechos humanos, estos y los miembros de su familia inmediata no son aptos para ingresar a los Estados Unidos.
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Este fue el criterio que las máximas autoridades de la diplomacia de Estados Unidos aplicaron en contra de la magistrada separada de la CSJ Blanca Stalling y sus dos hijos adultos Julio Alejandro y Otto Fernando Molina Stalling.
¿Por qué? Stalling fue arrestada en febrero de 2017 mientras trataba de ocultar su identidad con una peluca roja, luego de que un juez denunciara presiones suyas para beneficiar a su hijo Otto, procesado por un fraude millonario conocido como el caso “IGSS-Pisa”.
Por ahora, goza de arresto domiciliario en espera de que se inicie el juicio en su contra por tráfico de influencias.
Molina Stalling fue condenado el año pasado a seis años de prisión, pero fue beneficiado con el pago de una fianza de Q50 mil y quedó en libertad condicional.
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Además, los tres han sido incluidos en “la lista negra” de designación pública del Departamento de Estado, como lo requieren las normas de ese país.
“El secretario de Estado designa públicamente a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala Blanca Aída Stalling Dávila por su implicación en graves casos de corrupción… La ley exige también que se designe de manera pública o privada a estos funcionarios y a los miembros de su familia inmediata”, se añade en un comunicado de prensa del Departamento de Estado.
“Estados Unidos está comprometido a luchar contra la corrupción, incrementar el respeto por las libertades fundamentales y fomentar la buena gobernanza a nivel mundial”, se expone.
Por su parte, la sede diplomática de ese país en Guatemala dijo: “Estados Unidos mantiene su fuerte compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y seguirá usando las numerosas herramientas que están a su disposición para asegurar que los individuos involucrados en corrupción, narcotráfico y otras actividades ilegales no puedan evadir las consecuencias de sus hechos criminales”.
