Jueza deja a CICIG fuera del caso de financiamiento ilegal de la UNE

El partido político habría recibido Q19.5 millones de manera irregular durante la campaña electoral que realizó en 2015.

Por Jerson Ramos

Cuatro sospechosos por supuestamente haber financiado de manera ilegal al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) son indagados por el Ministerio Público (MP) ante el Juzgado de Mayor Riesgo A.

La diligencia es controlada por la jueza Claudette Domínguez, quien decidió que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no formarán parte del proceso por no estar debidamente acreditadas sus funciones.

Los sospechosos son:

  • Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de la UNE.
  • Juan Pablo García.
  • Guillermo Alejandro Sierra Sierra.
  • Víctor Duarte.

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Así se habría financiado la UNE de manera ilícita

Las investigaciones del caso fueron desarrolladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG, entidades que en febrero solicitaron al Organismo Judicial (OJ) que se retirara el derecho de antejuicio a la secretaria general y candidata a la presidencia por dicha agrupación política, Sandra Torres, así como de seis personas más.

De acuerdo con las pesquisas, en la campaña electoral que la UNE desarrolló en 2015 habría recibido Q19 millones 531 mil 753.10 que no fueron reportados a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esos recursos pudieron tener su origen en varias empresas que tenían relación con Mario Leal Castillo, quien en ese año compitió por la Vicepresidencia, así como con Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, acusado en los casos "La Línea" y "Traficantes de influencias".

"Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político", se señala en un comunicado de prensa de la CICIG respecto del caso.

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