Con el objetivo de controlar las operaciones de una empresa de seguridad privada que estaría prestando servicios de manera ilegal y fraudulenta, este miércoles las fuerzas de seguridad desarrollan un operativo.
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La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) llevan a cabo 387 diligencias de allanamiento a nivel nacional, excepto en los departamentos de Petén y Totonicapán.
Pablo Castillo, portavoz de la PNC, explicó que se trata de una investigación exhaustiva que se inició a raíz de una denuncia.
Para darle seguimiento se asignaron 1 mil 700 elementos de diferentes unidades especializadas de la policía, entre estas la Subdirección General de Investigación Criminal y la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (Didae).
Por medio de estas acciones se pretende controlar las operaciones de la empresa de seguridad que estaría actuando de forma irregular, así como decomisar al menos 500 armas de fuego que serían parte de las propiedades de la entidad.
También se busca capturar a por lo menos 11 personas, señaladas de los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, prestación ilegal de servicios de seguridad y uso de documentos falsificados, así como de tenencia y portación de armas de fuego.
La policía resaltó que este tipo de operativos forman parte de las estrategias para el control de armas y municiones, lo cual va ligado con que se mantenga una tendencia a la baja en la tasa de homicidios en el país.
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Acerca del caso
Las pesquisas en este caso se iniciaron a partir de una denuncia presentada por el robo de un arma de fuego a un guardia de seguridad privada.
Posteriormente, se detectó que la misma fue objeto de un proceso anómalo de compra venta y quedó en poder de la empresa de seguridad que está siendo objeto de investigación.
Al parecer, esa compañía adquiere armas de fuego de forma fraudulenta y las utiliza como parte del equipamiento para su personal, el cual está asignado a diferentes empresas a las que se presta servicios de seguridad.
Además de esas irregularidades, se detectó que habría sido ilegal la forma en la cual los actuales dueños de esta empresa la adquirieron, pues la escritura pública donde se planteaba el traspaso de propiedad no nació a la vida jurídica porque fue cancelada por falta de algunas firmas.
